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Diplomatura en Derecho Procesal Penal: firma de convenio con Asoc. Civil Pensamiento Penal

18 de Febrero de 2019

Diplomatura en Derecho Procesal Penal: firma de convenio con Asoc. Civil Pensamiento Penal

El objetivo es establecer una relación de colaboración entre la Asociación y el MPD para el desarrollo de la Diplomatura que se llevará adelante en la Universidad Nacional de José C. Paz.


El Ministerio Público de la Defensa, a través del Secretario General de Acceso a la Justicia, Mauro Riano, y con la presencia del Defensor Adjunto, Luis Duacastella, firmó el viernes pasado un convenio-marco de cooperación con la Asociación Civil Pensamiento Penal, representada por su Presidenta, Indiana Guereño.

Entre los objetivos del acuerdo, se encuentra el compromiso del MPD en difundir el curso de especialización en Derecho Procesal Penal entre sus dependientes y facilitar el contacto directo de los agentes que se encuentren bajo su dependencia con la Asociación. Además, el convenio establece un 20% de descuento sobre el costo total de la Diplomatura para los trabajadores y trabajadoras del MPD.

El título que se otorga al finalizar la cursada y el trabajo integrador final es el de "Diplomatura en Derecho Procesal Penal" y es otorgado por la Universidad Nacional de José C. Paz. La duración es de 39 semanas, que equivalen a 200 hs. de cursada. La modalidad de cursado es virtual, a través de una plataforma web.

Para poder inscribirse, es necesario contar con título universitario de grado o de nivel superior no universitario de cuatro años de duración como mínimo, otorgados por una institución oficialmente reconocida del país o del extranjero. 

Se dará inicio a las clases en el primer semestre de 2019. Para más información sobre plan de estudios e inscripciones a la Diplomatura, pueden comunicarse vía mail a: posgradopenal@pensamientopenal.org

La Asociación Civil Pensamiento Penal es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, integrada por personas relacionadas al sistema penal —por su ocupación en la magistratura, defensorías, fiscalías, el ejercicio de la abogacía, la academia, estudiantes y personas privadas de libertad- interesadas, entre otras cosas, en la promoción de una administración de justicia moderna, ágil y eficaz, en sintonía con los postulados básicos del programa constitucional y con los requerimientos que formula la sociedad en tal sentido.